El Día Mundial de los Océanos fue establecido por las Naciones Unidas en 2008 para generar conciencia sobre la importancia del ecosistema marino en nuestras vidas y para ayudar a que la sociedad se comprometa en su conservación. Desde el Foro para la Conservación del Mar Patagónico celebramos que este año se haya conmemorado con acciones concretas hacia la conservación de nuestro mar.
Un 36% del territorio argentino está ocupado por el mar. Sin embargo, alrededor de un 3% está protegido. Argentina tiene 61 áreas costero-marinas protegidas, de las cuales una sola es estrictamente marina, Namuncurá – Banco Burdwood, ubicada en aguas nacionales. Un grupo de organizaciones de la sociedad civil de nuestro país, sobre la base de información científica, solicitan al Gobierno su pronta intervención para crear nuevas áreas marinas protegidas en aguas abiertas. Serían áreas relevantes para restaurar pesquerías, proteger especies emblemáticas y colaborar en la adaptación al cambio climático.
Las Naciones Unidas reconocen la importancia de la protección del mar al convocar a la Conferencia del Océano en Nueva York. En ese marco, varios organismos del Gobierno argentino se reunieron en la “Consulta Nacional de Océanos y Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas” para analizar la mejor forma de aumentar la cobertura de áreas marinas protegidas y resguardar los intereses del país.
Los gobiernos anteriores han hecho algunos avances importantes, pero se requiere mayor celeridad y decisión para mitigar los daños que las prácticas no sostenibles y la pesca ilegal de buques extranjeros están haciendo a nuestro mar. Argentina es signataria del Convenio sobre Diversidad Biológica y a su vez adhiere a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, comprometiéndose de esta manera a proteger al menos 10% de la superficie marina para el año 2020.
Como resultado de todo lo anterior, la Ley 27.037, sancionada en diciembre de 2014, y que establece el Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas, logró en junio de este año su reglamentación, incluyendo la designación de la Administración de Parques Nacionales como autoridad idónea para la implementación de las AMP.