Las organizaciones argentinas del Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia manifestamos nuestro rechazo a la Ley XVII Nº 149 de zonificación de la actividad minera en Chubut, aprobada por la Legislatura de la provincia el día 15 de diciembre de 2021 y posteriormente promulgada por Decreto Nº 1285/21. Si bien celebramos la reciente derogación de esta ley como logro de la movilización ciudadana, repudiamos y vemos con gran preocupación la represión ejercida contra los manifestantes que lideraron en defensa del agua y del ambiente en general, como así también los lamentables hechos de violencia ocurridos durante estos días.
La megaminería a cielo abierto tiene efectos nocivos sobre el ambiente y las poblaciones humanas, principalmente en lo que refiere al acceso, disponibilidad y calidad del agua. Este hecho es de máxima preocupación pues el agua es un bien escaso en la provincia, y los escenarios de cambio climático proyectan una reducción del orden del 40% para finales de este siglo (Conicet – Centro Nacional Patagónico 2021). Por lo tanto, esta ley representa una amenaza concreta para la conservación de los cursos y reservorios de agua para consumo humano y el desarrollo de las actividades productivas. Resulta sumamente importante considerar que la sanción de la ley se da en el contexto de una emergencia hídrica provincial, declarada por la Ley XVI Nº 148 del 26 de agosto de 2021. Asimismo, su aprobación se ha realizado desconociendo la Ley General del Ambiente 25.675 y el acuerdo Escazú, ratificado en 2021 por la República Argentina, en lo referido al acceso a la información, la participación pública y la justicia ambiental.
En Chubut, las costas y los ambientes marinos son hábitats clave para la biodiversidad marino-costera, que sustenta prominentes actividades económicas, como el turismo y la pesca. Existen numerosos ejemplos de daños irreversibles provocados por la minería sobre cursos de agua dulce y ambientes costero-marinos a nivel global, que dan cuenta del grave riesgo que esta actividad representa para la salud ecosistémica de los cursos y cuerpos de agua, y las costas provinciales. Por esta razón, las universidades, instituciones científicas, los gremios de trabajadores (entre ellos los del sector pesquero), las organizaciones religiosas, los pueblos originarios, las organizaciones de la sociedad civil y la sociedad en general se han manifestado en contra de la zonificación y el desarrollo de la megaminería en la provincia.
Por lo tanto, en vistas de la derogación de lo actuado por la Legislatura y la Gobernación de Chubut, en adelante esperamos se pueda conciliar el desarrollo económico con un genuino desarrollo sostenible para la sociedad chubutense. Para ello, será necesario abordar y transformar los conflictos con la participación de todos los involucrados, sin violencia directa ni institucional. Finalmente quisiéramos destacar el importante rol que cumplieron y cumplen los ciudadanos de Chubut, que vienen sosteniendo la defensa del agua y del ambiente durante las últimas décadas. Este caso pone de manifiesto la enorme valoración que la ciudadanía otorga al ambiente, e impone la necesidad de que la dirigencia adopte genuinamente una agenda ambiental seria y responsable.