Nuevas Áreas Marinas Protegidas son creadas y proyectadas en los países del Cono Sur. De la declaración a la acción, Rodrigo Guijón – Coordinador del Programa Marino de WCS Chile-, reflexiona acerca de las claves para lograr la efectividad para la cuál fueron pensadas. Y un caso testigo: la Escuela de Gestores de Áreas Marinas Protegidas del Cono Sur, destinada a formar a profesionales responsables de ellas en Argentina, Chile y Uruguay.
La conservación marina alcanzó logros políticos importantísimos para Chile en el gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet, aunque no exentos de críticas desde sectores que consideraron que los procesos pudieron ser más representativos y transparentes. El gobierno del Presidente Piñera se ha planteado desafíos de asegurar una protección eficaz y el acceso a las áreas protegidas, a la vez que busca dar impulso a las actividades productivas. Esto podría ser contradictorio si el crecimiento económico se promueve en desmedro del patrimonio natural, en un escenario en donde Chile es percibido como un creciente líder en materia de conservación ambiental.
Tanto en la creación como en la implementación continua de áreas marinas protegidas existen aspectos concretos que deben preverse, desde definir dónde y cómo proteger, promover las capacidades, levantar el financiamiento y hasta instalar los mecanismos de administración y manejo. La falta de planificación y análisis de estos temas hace que las decisiones sean poco sólidas, y las deslegitiman política y técnicamente.
¿Qué se requiere para compatibilizar actividades productivas –como las pesqueras, acuícolas o turísticas– con la conservación? Conocer dónde están las áreas críticas para la biodiversidad, y evaluar qué tipo de actividades son o no compatibles con ellas, para definir la manera más apropiada para protegerlas; considerando para ello un abanico de mecanismos disponibles, que van desde lo más estricto, como los parques marinos, a aquellos que promueven un desarrollo integrado, como las áreas marinas protegidas de usos múltiples y otros. Junto con esto, avanzar progresivamente en mejorar las prácticas productivas, poner incentivos a actividades de menor impacto y prohibir aquellas actividades de alto impacto que no sean ambientalmente compatibles. Es clave aprobar evaluaciones ambientales respaldadas técnicamente para las decisiones de inversión y contar con ordenamiento territorial e incentivos claros del Estado al desarrollo productivo sostenible.
La conservación marina es una actividad que genera valor, y altísimo. Para asegurarnos de ello debemos evaluar los recursos humanos que se necesitan –tanto personal administrativo y supervisor, como de terreno–, que además es preciso formar e instalar. Como respuesta, a lo menos a una parte de ello, desde el Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia, una agrupación de organizaciones de conservación marina de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, estamos desarrollando desde 2015 la Escuela de Gestión de AMP dirigido a identificar estratégicamente las capacidades que se requiere desarrollar en los distintos países que integran el Foro, y formar a los profesionales responsables en ellas. Un esfuerzo regional y compartido permite enfrentar necesidades comunes y ahorrar recursos en ello.
Disponer de personal, infraestructura, equipos, herramientas de monitoreo y reporte, embarcaciones, insumos y fiscalización para hacer conservación en el mar, tiene costos significativos. Ellos requieren de inversión pública que cubra al menos los gastos básicos de operación de las áreas o proyectos de conservación, y a la vez complementarlos con mecanismos eficaces para atraer y canalizar la inversión privada. Entre los mecanismos privados que más se proyectan de acuerdo con las políticas públicas ambientales y económicas de Chile están los fondos ambientales público-privados y las llamadas inversiones de impacto.
La gran deuda pendiente para Chile es la incomprendida gobernanza (en buen castellano, la buena toma de decisiones). Ésta no solo se refiere a contar con la institucionalidad adecuada, que con el esperado Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas dará sin duda un salto significativo hacia adelante. También abarca otros aspectos fundamentales, como la transparencia y participación de los actores locales, la fundamentación técnica de las decisiones de manejo, y contar con procedimientos claros para fundamentarlas y plazos razonables para agilizarlas. Estas materias, sin duda complejas, sólo se pueden desarrollar con principios bien definidos y la voluntad decidida de promover la conservación. El Ministerio del Medio Ambiente estableció en marzo una Ruta para la Conservación Marina en Chile y convocó a un grupo de trabajo colaborativo compuesto por distintas organizaciones para avanzar en ella.
Chile ha mostrado un progreso inmenso en su voluntad de proteger su biodiversidad marina. Ahora, más allá de manifestar nuestro compromiso, si realmente queremos mejorar las condiciones de vida de nuestra gente y nuestra naturaleza debemos asumir con madurez nuestro desarrollo sostenible y hacernos cargo de los desafíos de su protección. La buena noticia es que, con conocimiento y honestidad, podemos hacerlo.
Columna de Opinión de Rodrigo Guijón, Coordinador del Programa Marino Wildlife Conservation Society (WCS) Chile, publicada en el Diario La Tercera el 28 de mayo de 2018.