Hay decisiones que se toman muy lejos del lugar donde finalmente ocurren sus consecuencias: un permiso puede firmarse en una oficina, un estudio puede aprobarse en un expediente, una concesión puede quedar registrada en un mapa. Y, sin embargo, debajo de todas esas decisiones existe un territorio que no cabe en una sala ni en un documento: el mar.
El Mar Patagónico se extiende frente a las costas de Argentina, Chile, Uruguay y Brasil como un sistema ecológico que no reconoce las fronteras trazadas por las personas. Sus corrientes transportan nutrientes y contaminantes; sus especies recorren enormes distancias; sus ecosistemas sostienen pesquerías, turismo y comunidades costeras. Lo que sucede en un punto puede alterar las condiciones en otro. Hoy este sistema enfrenta varias presiones al mismo tiempo. El calentamiento y la acidificación del océano se suman a la contaminación y la pérdida de biodiversidad. Entonces ¿quién puede conocer, discutir y cuestionar las decisiones que afectan la salud del mar, que también es nuestra salud?
El próximo 27 de septiembre se cumplen ocho años desde que el Acuerdo de Escazú quedó abierto a la firma. Adoptado en Costa Rica en 2018 y vigente desde 2021, el primer tratado ambiental regional de América Latina y el Caribe convirtió en compromisos jurídicos tres derechos que hoy resultan inseparables de cualquier política seria de conservación: acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia ambiental.
Argentina, Chile y Uruguay son Estados Parte. La discusión, por lo tanto, ya no es solamente quién ratifica, sino qué ocurre después de ratificar.
Cuando la salud del mar queda fuera de la sala
La audiencia pública es una herramienta central para hacer efectivo el derecho a la participación ambiental: permite acceder a información, formular preguntas, plantear objeciones y aportar perspectivas antes de que una decisión quede definida. Pero su existencia formal no garantiza una participación efectiva.
El caso del Golfo San Matías lo pone de manifiesto. Frente a proyectos de infraestructura energética de gran escala, la audiencia pública constituye una instancia clave para discutir sus posibles impactos sobre un ecosistema que sostiene biodiversidad, pesca, turismo y comunidades costeras. Sin embargo, cuando decisiones sustantivas ya fueron tomadas, las alternativas están previamente delimitadas o existen actores con intereses económicos y mayor capacidad de incidencia, el margen real para participar se reduce.
La participación transparente y efectiva también depende de cómo se construye el espacio para el diálogo. Participar supone que puedan encontrarse y ser escuchadas distintas formas de conocer y relacionarse con el territorio: Ciencia, saberes comunitarios, experiencias de quienes viven y dependen del mar, sus costas y biodiversidad. Generar condiciones para ese diálogo implica garantizar que todas las personas puedan ser oidas en igualdad de condiciones.
Como señala Ana Cabria, Directora de Fundación Cambio Democrático, la participación efectiva requiere que las distintas voces puedan intervenir cuando todavía existe una posibilidad real de incidir en la decisión. De lo contrario, la audiencia corre el riesgo de convertirse en una instancia meramente formal. Y allí aparece una pregunta de fondo: ¿quién representa al mar en esa conversación?
El maritorio no está en la sala. Una ballena no puede explicar los efectos del ruido submarino. Un ecosistema no puede pedir que se consideren sus impactos acumulativos. El mar no puede participar: la sociedad debe hacerlo en su lugar. Y esa representación tampoco tiene una única voz: conocer el mar desde la ciencia, habitarlo, trabajar en él, recorrerlo son formas diferentes de aportar a una conversación que necesita ser necesariamente plural. Además, como plantea Laura Lapalma, especialista en derecho ambiental, la participación depende también de que la información ambiental sea pública, accesible, comprensible y llegue a tiempo:
“No basta con que la información ambiental exista. Tiene que llegar a quienes necesitan utilizarla para participar, y tiene que hacerlo a tiempo. (…) La información debe estar disponible antes de que una decisión sea irreversible, porque una ciudadanía que conoce cuando ya todo está decidido no está realmente en condiciones de participar.”
El caso del Golfo San Matías muestra así el desafío que plantea Escazú: no alcanza con abrir una sala para hablar si la salud del mar queda fuera de la conversación.
Escazú también obliga generar espacios propicios y seguros para que quienes participan, puedan hacerlo con libertad, puedan preguntar, disentir, plantear preocupaciones o defender una posición sin temor. La seguridad de las personas defensoras del ambiente y sus territorios es una dimensión clave que trae Escazú, para garantizar el ejercicio de derechos en asuntos ambientales.
El verdadero desafío empieza después de la ratificación
En abril de 2026, la COP4 del Acuerdo de Escazú aprobó nuevas líneas de trabajo vinculadas con el acceso a la justicia ambiental, la participación pública y los registros de emisiones y transferencias de contaminantes.
La agenda regional está avanzando, pero el verdadero examen ocurre mucho más cerca del agua. Ocurre cuando una comunidad intenta comprender un estudio de impacto, cuando una organización pide información ambiental, cuando un investigador necesita acceder a datos, cuando una población costera quiere participar en una decisión que puede modificar su calidad de vida, o sus medios de vida, cuando un colectivo necesita recurrir a la justicia. Y también cuando quienes defienden el ambiente necesitan hacerlo sin amenazas ni represalias. Allí es donde un tratado deja de ser un documento internacional y se convierte en una herramienta concreta.
El 27 de septiembre no debería ser solamente una fecha para recordar que Escazú existe. Debería ser una oportunidad para medir la distancia entre el derecho reconocido y el derecho ejercido. Porque la pregunta decisiva ya no es si tenemos derecho a participar. La pregunta es si estamos participando a tiempo. A tiempo para conocer. A tiempo para discutir. A tiempo para cuestionar. A tiempo para cambiar una decisión. A tiempo, en definitiva, para que la conservación no llegue cuando el daño ya ocurrió.
Porque el mar no puede sentarse a la mesa. Nosotros sí.
