En los últimos meses, el escenario de la exploración hidrocarburífera offshore en Argentina comenzó a mostrar un giro significativo. Tras más de una década de avance de la frontera fósil (que incluyó campañas de exploración sísmica con detonaciones acústicas cada 10 segundos en el lecho marino), las principales empresas operadoras iniciaron su retiro de la Cuenca Argentina Norte. La reciente devolución al Estado de los permisos en los bloques CAN 107 y CAN 109 por parte de Shell y Qatar Petroleum se suma a salidas previas de compañías como Total y BP, en un contexto marcado por alta conflictividad social y cuestionamientos científicos sobre el impacto en una de las zonas de mayor biodiversidad y productividad biológica del océano global clave para la resiliencia climática y las economías locales.
“Este proceso marca un límite claro al avance de la frontera fósil en el mar. No solo por la falta de viabilidad económica, sino porque existe evidencia sólida sobre los riesgos ambientales y un rechazo social contundente. Insistir en este camino es desconocer tanto la ciencia como la demanda de la sociedad por otro modelo de desarrollo” – Hernán Pérez Orsi de Fundación Patagonia Natural, miembro del Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia.
El proceso también ha tenido una dimensión legal relevante. La oposición al avance de estos proyectos derivó en instancias judiciales, tras un amplio rechazo expresado en procesos de participación pública. Esto evidencia la necesidad de garantizar el acceso a la información, la participación efectiva y la justicia ambiental en la toma de decisiones que afectan bienes comunes.
“Desde una perspectiva legal, este caso refuerza la importancia de aplicar plenamente los principios de prevención, participación y acceso a la información. La seguridad jurídica no solo implica certezas para las inversiones, sino también garantías para la protección ambiental y los derechos de la ciudadanía” expresa Cristian Fernández de FARN, también miembro del Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia
En contraste, Uruguay atraviesa una etapa activa de promoción de la exploración offshore, incluyendo campañas de sísmica en su plataforma continental. Sin embargo, al igual que en Argentina, comienzan a emerger tensiones sociales y legales: una acción de amparo contra la prospección sísmica fue admitida y derivó en una audiencia judicial reciente, reflejando preocupaciones crecientes sobre posibles daños al ambiente marino. Mientras el desarrollo continúa con un enfoque centrado en la atracción de inversiones y la generación de información geológica, ambos países enfrentan desafíos comunes: garantizar el acceso a la información, evaluar los impactos acumulativos sobre los ecosistemas marinos y fortalecer los mecanismos de participación pública para asegurar decisiones informadas en un contexto de creciente incertidumbre ambiental y climática.
Al mismo tiempo, persisten vacíos relevantes, especialmente en relación con la disponibilidad de información pública (incluidos los datos recientes de exploración sísmica) y la necesidad de definiciones más claras sobre el modelo de desarrollo energético en el mar.
Este escenario abre una oportunidad para repensar el futuro del Mar Patagónico en su conjunto, promoviendo enfoques que prioricen la conservación, la adaptación climática y el bienestar de las comunidades costeras.
Desde el Foro se reafirma el compromiso de seguir impulsando espacios de diálogo, articulación y generación de conocimiento que contribuyan a decisiones más informadas, transparentes y sostenibles para la región.
